Lo dispuso la jueza María Servini de Cubría y el juicio estará a cargo de su colega Sergio Torres, quien tendrá a cargo la acusación contra Facundo, Pablo y Luis Ignacio DïElía.
Tres hijos del dirigente Luis D’Elía serán juzgados por haber ingresado a la ANSES como empleados en 2008 sin haber completado el secundario, lo que es requisito para acceder a ese trabajo.
Lo dispuso la jueza María Servini de Cubría y el juicio estará a cargo de su colega Sergio Torres, quien tendrá a cargo la acusación contra Facundo, Pablo y Luis Ignacio DïElía.
Se los acusa de haber ingresado a la ANSES sin tener título secundario, y por el artículo 253 del Código Penal que prevé penas de “multa de 700 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años” para el funcionario público “que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
“En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”, indica el Código Penal.
La causa se inició en 2014 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por irregularidades cometidas en el ingreso de los tres a la Anses en 2008, pues se cuestiona que no contaban con título secundario y noestaban suficientemente capacitados para el puesto.
Tal cual recordó la Cámara Federal al reabrir la causa que había sido archivada, los nombramientos se oponían a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, que exigía “que el personal designado en las aéreas administrativas y de servicios generales de la institución cuente con título secundario”.
Previamente, Servini de Cubría había tenido en cuenta que la Ley de Contrato de Trabajo al respecto, la cual no exigía la rendición de título secundario.
“Resulta imperioso determinar si los antecedentes informados por los incursos en sus respectivos currículums (donde se alude a la prestación de servicios laborales previos a favor de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) suponen o no la configuración de las excepciones establecidas en la normativa presuntamente incumplida”, dijo la Cámara.